“Cuando el poder político se posee
porque se posee poder económico o riqueza […] estamos ante un gobierno oligárquico, y cuando la clase no
propietaria tiene el poder, ante un gobierno democrático”
Aristóteles
"La mal llamada libertad económica, al justificar la inhibición del Estado, permite el sometimiento de los débiles y acaba por la instauración de una férrea dictadura económica perfectamente disimulada que pone en las manos de unos pocos la posibilidad de explotar científicamente a los demás"
Narciso Perales
En sociología del conocimiento, en sentido neutro y sin las connotaciones peyorativas introducidas por Marx en el concepto, se denomina ideología al conjunto de ideas que forman parte de un sistema de creencias, más o menos sistemático, que intentan explicar al hombre y el mundo, a la vez que orientar su conducta a partir de ciertos valores aceptados como correctos. En este sentido, toda teoría del mundo es una ideología, pero de forma más general podemos decir que una ideología representa un modelo de sociedad, existente o imaginado, que pretende imponerse o preservarse. Por esa razón es imposible ser ajeno a las ideologías, de la misma forma que es imposible que una política económica pueda sea neutral, ya que toda política económica es, por definición, el resultado de una decisión política tomada como consecuencia de una determinada ideología, que está encaminada a alcanzar un modelo de sociedad. Esto significa que cualquier decisión de política económica, por aséptica y técnica que pueda parecer, se alimenta de una ideología concreta. Por lo tanto, en toda sociedad siempre impera un ideal dominante, es decir, una determinada ideología, que lo abarca todo y que hace que exista un consenso de la mayoría de la población sobre los temas políticos fundamentales, que es el reflejo de la ideología dominante y del que nacen conceptos jurídicos como el de “orden público”, aplicados a la interpretación de las leyes, o culturales como el de “sentido común” aplicado a las relaciones sociales. Y es que en cada momento histórico hay una ideología dominante que opera como nexo de unión de las ideas que sostienen un determinado modelo de sociedad[1]. La hegemonía se alcanza cuando una determinada ideología se convierte en dominante en la sociedad, de tal forma que crea el consenso social acerca de las ideas clave, y lo traslada a sus instituciones (leyes. costumbres, valores, etcétera), con las que organiza la vida de la comunidad en un sentido determinado, al menos, temporalmente, ya que las instituciones nunca son permanentes sino que cambian a lo largo del proceso histórico vital de una determinada comunidad. Así, cualquier conjunto de instituciones es, por un lado, dinámico o cambiante en el tiempo y, por otro, operativo o funcional en un determinado modelo de sociedad. La ideología dominante y sus instituciones permiten que su modelo de sociedad se consolide, en tanto no sea sustituido por otro modelo sostenido por otra ideología. Cuando otras formas de concebir la existencia, otras ideologías, se extienden, se constituyen en una amenaza para la pervivencia del orden dominante, a la que disputan la hegemonía a la ideología establecida para provocar un cambio en la sociedad, abocando a la ideología hasta entonces dominante y al modelo de sociedad que representa a su final.
En definitiva, una ideología representa una determinada concepción del mundo, que cuando alcanza una posición hegemónica en el terreno de las ideas se impone en la sociedad. De aquí la importancia de la lucha ideológica y del control de los medios de comunicación y de los creadores de opinión, pues es en el terreno de las ideas, en el que se produce el primer contacto en la lucha por la hegemonía entre dos ideologías.
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| ¡No hay alternativa! |
A comienzos de
la década de los setenta, el neoliberalismo alcanzó la hegemonía intelectual y
política dentro del capitalismo, logrando un dominio ideológico absoluto frente a otras tendencias derechistas, y sus políticas
tuvieron enormes consecuencias sobre la forma en la que se configuraron en lo
sucesivo las economías capitalistas. A partir de este momento, se nos
impusieron las privatizaciones de los servicios públicos, la destrucción de los
derechos de los trabajadores y la libre circulación de mercancías y capitales. El
neoliberalismo cambió así las relaciones de fuerza entre capital y trabajo y la
estructura económica y social de las economías desarrolladas, y para lograrlo, los
sindicatos, que encuadraban a los obreros de las grandes empresas industriales,
perdieron fuerza debido al crecimiento del sector terciario y a la
deslocalización de empresas a países del Tercer Mundo. La pérdida de la
hegemonía puso a la defensiva a una izquierda que, en cierto sentido, había
interiorizado la tesis del “fin de la
Historia” de Fukuyama tras la caída del comunismo, y la idea acuñada en la
frase de Thatcher de que: “No hay
alternativa”.
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| Friedrich Von Hayek |
Pero la supervivencia
de los neoliberales más allá de la Gran Recesión de 2008, no ha hecho sino mostrar
la verdadera esencia de los mecanismos institucionales que hasta ahora se
habían presentado como legítimos, que se han revelado inútiles para representar la
voluntad popular, porque en nuestra sociedad el verdadero poder no se encuentra en las instituciones políticas, sino que
se encuentra “privatizado”, está en
el dinero, somos una soceidad plutocrática. Son las grandes empresas y fortunas, a las que a veces llamamos
mercados, las que son capaces de doblegar los intereses del estado a través de
los mecanismos económicos de chantaje y extorsión. El poder real es
fundamentalmente poder económico, y este no está sujeto a elección ninguna.
Manda quién más tiene y no quién más votos recibe. Votamos cada cuatro años, en
un procedimiento litúrgico que ni siquiera garantiza que los programas
electorales se cumplan, y que en realidad sólo sirve como coartada para
conceder legitimidad a esta ficción democrática.
La crisis ha revelado la verdadera naturaleza plutocrática
y oligárquica de nuestra sociedad, y esto ha provocado una deriva ideológica y
política que no se conforma sólo con cuestionar las políticas económicas que
han conducido a la crisis, sino que también pone en cuestión a las instituciones
políticas españolas y europeas (Congreso, Senado, comunidades autónomas, Unión
Europea, Constitución de 1978, etcétera) que están perdiendo legitimidad. Por
otra parte, la contestación ciudadana no sólo está cuestionando las
instituciones, sino que ha empezado a discutir la ideología dominante, que en
lo referente a la economía sufre merecidamente el mismo desprestigio. ¿Quién
puede creer en la desregulación del sistema financiero cuando esté ha conducido
a la mayor crisis económica desde 1929? ¿Cómo justificar
la retirada de las prestaciones por desempleo cuando más desempleados hay?
¿Cómo justificar las ayudas a los mismos bancos responsables de la situación
actual y de miles de familais sin hogar? ¿De qué sirven la Unión Europea sus instituciones, si su único papel es
el de garante de los intereses del sistema financiero? En definitiva, ¿de qué sirven estas instituciones
y su ideología, si no son útiles para resolver los problemas reales de los ciudadanos?
Esta es la
razón, por la que el sistema jurídico y la Constitución de 1978 han mostrado su
vulnerabilidad poniendo de manifiesto su distancia con la ciudadanía, su
legitimidad. Una distancia que sólo puede reducirse a través de modificaciones
legales e institucionales que transciendan nuestra Constitución y el actual
marco de la Unión Europea, para caminar hacia un régimen legítimo. La sensación
generalizada es que estas instituciones no han sido capaces de dar, o no han
querido dar, una solución al problema, por lo que como respuesta instintiva, la
población las ha declarado inútiles e ineficaces. Ello explica la creciente
desafección por la política y sus instituciones, la percepción de que los
políticos y la política no son parte de la solución, sino del problema, tal y
como reiteradamente se viene poniendo de manifiesto en las estadísticas
oficiales. La política institucional ha pasado a ser considerada una
herramienta no válida para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, y
como consecuencia de ese deterioro progresivo de su legitimidad, reflejado en la caída de los
salarios, el aumento de la desigualdad y la pobreza, el recorte del sistema de pensiones, de
la educación y la sanidad públicas y, sobre todo, el desempleo, el sistema
político es cuestionado. Se cuestionan las instituciones políticas, y se
cuestiona esta democracia, y se llega a la conclusión de que el modelo de 1978 está caducado y que hay ir a
un nuevo régimen, que subordine el poder económico a un poder político basado en
leyes justas dictadas al servicio del interés general.
Cualquier modelo
económico requiere un modelo de sociedad que le sea funcional, es decir,
necesita que se modifiquen las relaciones entre los ciudadanos, las relaciones
laborales entre capital y trabajo y las relaciones entre los ciudadanos y los Estados en el sentido
acorde con la ideología dominante que lo impone, por lo que no cabe dudar de
que la política que se está llevando a cabo en toda Europa, y específicamente
en España, es una estrategia que responde a una decisión ideológica, es decir,
que persigue un determinado modelo de sociedad. Más concretamente, las medidas
económicas adoptadas por los gobiernos desde la crisis se estructuran en tres
ejes: la consolidación presupuestaria, la confianza en los mercados
internacionales de deuda y la reestructuración de los fundamentos económicos de
la sociedad. De estas tres líneas políticas resulta un modelo, en el que el orden
social se recompone a partir de un empobrecimiento de la mayoría de la
población, en beneficio de las grandes fortunas vinculadas
a la propiedad del capital financiero de los bancos, y del gran capital productivo grandes empresas. Las empresas que componene el índice busrsatil del Ibex35. Detrás de estas políticas, hay una teoría económica (la
teoría neoclásica) basada en el pensamiento neoliberal, que utiliza la crisis
como una estrategia para lograr sus objetivos. Según su ideología, los
problemas de desempleo se derivan de un mal funcionamiento del mercado de
trabajo derivado lo que eufemísticamente llaman “rigideces del mercado laboral”, en alusión a los derechos de los
trabajadores, y los problemas de competitividad
y de crecimiento económico, se deben a salarios relativamente altos, y los
problemas de financiación de la economía real se deben a un exceso de gasto y
deuda públicos, y a la falta de confianza de “los mercados”. Asistimos,
pues, a una reordenación de las clases sociales de nuestro país nacida de estos
dogmas económicos, a partir de los cuales diseñan sus estrategias y medidas
económicas las instituciones europeas y nacionales. Esta es la estrategia seguida
por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, que es compartida
por el Partido Popular y por el Partido Socialista y los partidos periféricos del régimen del 78, que fueron quienes reformaron
la Constitución, para institucionalizar la consolidación presupuestaria y
otorgar prioridad al pago de la deuda externa, como reconocía la propia ley
orgánica de reforma constitucional que en su exposición de motivos decía que “se establece la prioridad absoluta de pago
de los intereses y el capital de la deuda pública frete a cualquier otro tipo
de gasto, tal y como establece la Constitución”.
En suma, las “reformas” gubernamentales han demostrado ser superficiales en el mejor de los casos, tanto en España como en Europa o EE.UU. Tras la masiva inyección de capitales públicos en el sistema financiero posterior a la crisis, las burbujas han retornado con sorprendente rapidez a la especulación en productos básicos, ante el desinterés generalizado de los ciudadanos que centran su interés en los programas de austeridad del Gobierno como respuesta básica a la crisis, demostrando con ello que el discurso público ha degenerado a un nivel analítico propio de los años treinta. La crisis actual es un momento político decisivo para quienes están convencidos de que las actuales estructuras de mercado deben subordinarse a los proyectos políticos orientados a la mejora del ser humano, y no me refiero a esa izquierda formada por unos pocos místicos ignorantes seguros de la inminencia del acaecimiento del levantamiento del proletariado, de la misma manera que los “cristianos sionistas renacidos” esperan el “arrebatamiento en el final de los tiempos”, y que en ambos casos creen que los conducirá de forma inexorable a su remisión. Es prioritario construir una alternativa al neoliberalismo capaz de alcanzar la hegemonía, y para ello es fundamental discernir hasta qué punto el resurgimiento inesperado de la derecha tras la crisis, obedece a la existencia de una infraestructura cultural neoliberal que se desarrolló durante el período de 1980 a 2008; y, por otro lado, en qué medida la izquierda ha sido artífice de su propio aniquilamiento dada su escisión en el S. XX en dos mundos: el de la socialdemocracia, mera gestora del capitalismo y de la progresividad del sistema fiscal; y el del comunismo, el mayor sistema represivo organizado en campos de concentración conocido por el ser humano.
Los miembros de la izquierda nominal descartaron hace tiempo la escatología marxista del colapso del capitalismo y la transición al socialismo como explicación completa y exacta de la realidad, y se han quedado sumidos en una ignorancia e incomprensión de lo acontecido, que los obliga a aferrarse a los dogmas marxistas prescindiendo de su desigual vigencia, para poder ocultar su fracaso ideológico.
En conclusión, los neoliberales han desarrollado una sofisticada postura respecto al conocimiento y la ignorancia, y entender cómo el neoliberalismo logra emplear la ignorancia como herramienta política que salvaguarde su hegemonía, indica que, a la vista de la obsolescencia de la izquierda, quizá ha llegado el momento de que reinventemos una nueva sociología del conocimiento plausible, como único camino para ganar la batalla de las ideas al neoliberalismo.
[1]
Ésta es la definición de “hegemonía” de Gramsci.
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