2º LA CORRUPCIÓN.
El pasado día 3 de Febrero, la Comisión Europea publicaba su “1º
Informe sobre la Corrupción en Europa”
en el que se apuntaba como conclusión, que España y Grecia son los
países donde el problema está más extendido y en los que más se considera que
afecta a la vida diaria de los ciudadanos. Se calcula que uno de cada cuatro
ciudadanos (26%) europeos considera que se ven afectados por la corrupción en
su vida cotidiana, mientras que esta proporción casi es de 2 de cada 3 (63%) en
el caso de España, la más alta de los veintiocho estados miembros junto a
Grecia. Cerca de España y Grecia les siguen Chipre y Rumanía con un 57%,
mientras que en Alemania o Francia se queda en el 6% y en Dinamarca no pasa del
3%.
España es también el país donde más ha crecido la percepción de la
corrupción en los últimos tres años, según el estudio. Así, según el documento,
ahora en la UE el 75% cree que la corrupción está muy extendida en su país de
origen, proporción que se eleva al 95% en España. No obstante, en este aspecto
se ve incluso superada por Grecia (99%) e Italia (97%).
Por contra, se incluye otro sondeo sobre la observación directa de la
corrupción, según el cual mientras el 4% de los ciudadanos europeos dice que
durante el año pasado se les pidió un soborno o se vieron en una situación en
la que se esperaba eso, en España solo un 2% ha sufrido esa situación. Un
tercer estudio en el campo de los negocios también sitúa a España como uno de
los países europeos donde hay más corrupción.
Según la Comisión, la corrupción afecta a todos los Estados miembros y
cuesta a la economía de la UE en torno a 120.000 millones de euros al año.
Entre 1996 y 2009 los medios de comunicación de hicieron eco de 5.144
casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. Algunos de los principales
brotes de corrupción se encuentran en la financiación de los partidos
políticos, que tradicionalmente han dependido de la banca para su financiación.
Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total de los partidos políticos parlamentarios, ascendía a 227 millones de
euros, algo que fue posible, según insinúa la Comisión, por el hecho de que los
consejos de administración de las Cajas de Ahorros estaban compuestos por
políticos designados por sus partidos y sindicalistas. Precisamente, las mismas
entidades financieras que fueron las principales protagonistas de los créditos
que provocaron la burbuja inmobiliaria.
En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación de partidos, por
ejemplo obligando a notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones
superiores a 50.000 euros o que impliquen bienes inmuebles, y prohibiendo las
condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Aun así estas medidas
no son suficientes para la Comisión, que reclama una mayor supervisión de los
préstamos, mejorar los controles financieros internos y reforzar el régimen de
sanciones, lo que no es de extrañar, pues las medidas adoptadas han sido
completamente ineficaces.
Bruselas también detecta que la fuerte descentralización del Estado
propicia prácticas corruptas que en ocasiones son difíciles de detectar. Las
Comunidades Autónomas gestionan aproximadamente el 35% del gasto público total
y los responsables locales un 13%. "La eficacia global de los controles y
equilibrios en relación con el gasto público a nivel regional y local parece
ser insuficiente en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se
corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada",
según el informe del Ejecutivo comunitario.
La combinación de entidades financieras en manos de políticos y sindicalistas, junto con la fragmentación del presupuesto
público y el poder político, han sido letales para España, estableciendo una
estrecha relación entre desarrollo urbanístico, acaso el mayor foco de
corrupción durante las dos últimas décadas, y la capacidad de los ayuntamientos
y alcaldes de "actuar de manera autónoma" al disponer de
"amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana"
algo que propicia que los Gobiernos regionales ejerzan sólo un "control
limitado".
Sólo en 2011 se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con
supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y
se dictaron 408 condenas. Más cifras: según una base de datos periodística y no
oficial de la que se hace eco este documento, cerca de 700 municipios se vieron
afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010, mientras que en los
últimos tres años, 19 alcaldes de todos los colores políticos han sido detenidos
por cargos de corrupción.
En Junio de 2013, el Consejo General del Poder Judicial dio a conocer
un informe provisional del Servicio de
Inspección según el cual los Juzgados y Tribunales tramitaban en ese momento un
total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661
afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o
apropiaciones indebidas, entre otros. El número de procesos de especial
complejidad -concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como
de los tipos delictivos o número de imputados- representa el 0,03% del total de
diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el
porcentaje no es representativo, porque la mayoría de esas diligencias no dan
lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o
inexistencia de delito.
El informe del CGPJ, que no incluía las causas especiales que tramita
el Tribunal Supremo, no especificaba cuántos de esos procesos afectaban a políticos.
Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque
sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos
influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en
cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los
jueces. No hay que olvidar, que ambas entidades están gobernadas por
correligionarios de los propios imputados.
La comunidad autónoma que más causas complejas tramita es Andalucía,
con un total de 656, seguida de la Comunidad Valenciana (280), Cataluña (215),
Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110). La Audiencia Nacional se encarga
de 91 procesos de especial complejidad en estos momentos.
El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 Juzgados necesitan
medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción
de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo,
18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios.
Es más, cuando se introdujo a finales del año 2012 la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en el Código Penal, se excluyó de la misma
expresamente a los partidos políticos y a los sindicatos, conscientes de que
estas organizaciones tienen rasgos claramente criminales en su conducta, al ser
beneficiarias directas de los delitos cometidos por sus miembros.
Pero en contra de lo que se pueda pensar, la corrupción en España no
es algo coyuntural propio de una circunstancia transitoria, sino que resulta
inherente al régimen monárquico de partidos desde su propio nacimiento, que como
un parásito ha ido creciendo hasta asfixiar al parasitado. El llamado “caso
Noos” ha puesto en evidencia cómo la corrupción afecta a la propia cúspide del
Estado. El juez instructor de la causa, solicitó las declaraciones de la renta
de los últimos diez años presentadas ante la Hacienda Pública por la hija el Rey y su marido. Tras recibirlas, incorporó al sumario sólo las del yerno del monarca, ocultando así al
conocimiento público las de la hija del Rey. Y este dato oculto no es irrelevante. Imaginemos qué la infanta Cristina además de sus ingresos de
150.000 euros anuales procedentes de la Caixa, hubiera tenido otros ingresos al poseer,
pongamos, una cartera de valores. Y que dichos valores son superiores en mucho a
los procedentes de sus ingresos justificables dada su condición y actividad
profesional conocida. Imaginemos que esa cartera de valores está compuesta por
acciones en una sociedad familiar, formada por Juan Carlos, Sofía, y sus tres
hijos, entre ellos el impoluto heredero. Si la infanta Cristina es titular de
acciones valoradas en millones de euros, y esto se desvelase, quedaría al
descubierto el nombre de esa sociedad
familiar y podríamos conocer cuáles son los intereses en el mercado de valores del “mejor
embajador de España”, de su “profesional” señora, del “heredero a título de
Rey” y de su augusta hermana de reconocida obra intelectual y larga trayectoria
profesional, así como el origen de tan fabulosa fortuna. Si estas imaginaciones mías, esta vulgar hipótesis de trabajo, fuera verdad, nos encontraríamos con que como en el ajedrez, el rey se esconde
detrás del peón.
La corrupción retrata los tres grandes males seculares que atenazan a
España desde hace dos siglos: la desunión entre las distintas regiones de España
provocada por los separatistasy los separadores, la división entre los
ciudadanos fomentada e inducida por los partidos políticos, y la monarquía como
parásito de la nación española, que esteriliza y obstruye cualquier empresa nacional. Todo ello es el resultado de un capitalismo de cortos
vuelos, que ha sido incapaz de formarse sin la instrumentalización del Estado a
su servicio para la formación de las acumulaciones de capital necesarias para
su propósito. Monarquía, capitalismo, separatismo y partidos políticos son las infectas heridas de España de las que rezuma corrupción de forma inevitable.
_______________________________
[1] www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
[1] www.elmundo.es/espana/2014/02/03/52ef742ce2704e052f8b4578.html
[1] www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/espana/1366889013.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario