martes, 25 de febrero de 2014

LOS CLAVOS DEL ATAUD DE ESPAÑA (III)



3º EL AUMENTO DE LA BRECHA SALARIAL Y DE LA POBREZA. 

La pobreza se sigue extendiendo por España, aumentando las diferencias entre las personas y entre las regiones, concentrando la riqueza en grupos sociales y núcleos geográficos concretos.
El 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe “La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre”, presentado en el marco de su XIII Congreso Anual celebrado en Granada. En cambio hay un 20% de declarantes "más pobres" que suman solo el 6,6% [1]. Los salarios continuaron bajando[2]  y mientras que los estratos mejor pagados han sufrido ajustes reales mínimos desde 2008, incluso con algunas subidas, los más bajos han concentrado las mayores pérdidas de poder adquisitivo, de hasta el 17%. Los datos, recopilados por la Fundación de Análisis Económico (Fedea), reflejan un aumento de la desigualdad fruto de esta devaluación interna desequilibrada. El crecimiento de la brecha social también queda de manifiesto en los números que ha publicado cada año la oficina estadística europea (Eurostat) desde que comenzó la crisis. Los tramos salariales por deciles: el primero y más bajo (ese en el que solo un 10% de los salarios quedan por debajo y el 90% son más altos) se ha hundido un 17% entre 2008 y 2012, incorporando el efecto de la inflación, mientras que los que se encuentran en el séptimo decil mejor pagado (solo un 30% es más alto) han subido un 1%. Los sueldos del decil más alto, que solo tienen a un 10% por encima, han visto una reducción de poco más del 2%, pero hasta 2011 les había estado subiendo. 

En estas caídas salariales del 17% se incluye la destrucción de empleo de sectores mejor pagados como la construcción y la recolocación en servicios, o el paso de empleos indefinidos a temporales, o de reducción de jornadas más largas a otras más reducidas. El aumento de la desigualdad también queda reflejado en coeficiente Gini[3], según el cual España registra la mayor brecha salarial desde al menos 2011 y se encuentra en los peores niveles de la zona euro. La congelación salarial ya afecta a un tercio de los trabajadores en España y la erosión salarial continuará dentro de un proceso de devaluación interna que el Gobierno y la troika han defendido para ganar competitividad y favorecer la creación de empleo.

La pobreza infantil aumenta, la última memoria anual de Cáritas eleva la el porcentaje de pobres entre los niños hasta casi el 27%, lo que supone un aumento de 3,1 puntos desde el inicio de la crisis. Los datos de Unicef publicados el pasado mes de noviembre son todavía más desesperanzadores, al señalar que ya son más de 2,5 millones los niños que en España viven por debajo del umbral de la pobreza[4].

Al mismo tiempo, el 17,9 por ciento de los hogares españoles no pueden mantener su vivienda suficientemente cálida en invierno, un porcentaje que ha crecido en 4,3 puntos desde 2007 (último año del que hay datos) y que disminuye a medida que aumentan los ingresos medios del hogar. Así, en 2012 el 25,6 % de los hogares con unos ingresos netos anuales inferiores a 15.000 euros no podía mantener una temperatura adecuada los meses más fríos, un porcentaje que se reduce hasta el 10,8 % en aquellos cuyos ingresos superaban los 28.000 euros. Además, el 12,6 % de los hogares denota falta de espacio, un porcentaje menor que el de 2007 cuando era del 15,9 %, según refleja el Módulo sobre Condiciones de Vida, que forma parte de la Encuesta de Condiciones de Vida, difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[5].

Según la primera “Encuesta de Integración Social y Salud” difundida por el Instituto Nacional de Estadística, al menos cuatro de cada diez personas mayores de quince años tiene problemas para pagar algunas de las cosas esenciales (comida, ropa, medicamentos, vivienda...) debido a sus escasos ingresos, el alza de los precios, los gastos inesperados o la mala situación económica de alguno de los miembros de su hogar. Entre los menores de sesenta y cinco años este porcentaje asciende al 45% y para los mayores de esta edad al 36%, mientras que entre los desempleados y las personas incapacitadas para trabajar afecta a dos de cada tres. Casi la mitad de los encuestados aseguran que no pueden acceder a un empleo adecuado principalmente por falta de oportunidades de trabajo (41 %) o por falta de experiencia o cualificación (20,4 %) porcentajes que se elevan al 84,2 % y 31,2 %, en el caso de los desempleados y al 46,1 % y 35,8 %, en el de las personas con discapacidad, mientras que el elevado precio es lo que hace que casi el 40 % de la población no participe en actividades culturales.[6].

En cuanto a la población en riesgo de exclusión social[7] según el “Informe sobre exclusión social” de Eurostat[8] la situación es muy lacerante, porque nada menos que el 22,2% de la población se encuentra en situación de "riesgo de pobreza después de transferencias sociales"; en este documento España ocupa el tercer lugar en este ranking de los 28 países miembros de la U.E., sólo detrás de Grecia (23,1%) y Rumanía (22,6%); muy lejos de, por ejemplo, Polonia (17,1%) y Portugal (17,9%); y lejísimos de Francia (14,1%), Hungría (14,0%) y República Checa (9,6%). 

4º LA DESTRUCCIÓN DE LA CLASE MEDIA.

Lo cierto es que el coste de la crisis económica se está descargando sobre las clases asalariadas, y la disminución de su nivel de renta está llevando a la misma a su destrucción. Así se desprende de las cifras de la Contabilidad Nacional que publica todos los años el Instituto Nacional de Estadística (INE)[9]. la dispar incidencia que ha tenido la crisis en la retribución del factor trabajo, en comparación con la del factor capital en el proceso de producción. Mientras que el trabajo ha sufrido un retroceso retributivo de 55.000.- millones de euros, frente al retroceso de la retribución del factor capital es de 5.700 millones de euros. En esta estadística, entre otros muchos, se manejan dos conceptos: uno bastante explicativo como es “remuneración de asalariados” y otro no tan trasparente como es el de “excedente de explotación bruto/renta mixta bruta”. Bajo este concepto, se recogen los beneficios empresariales, los intereses, las regalías y también las rentas de los trabajadores autónomos, que representan la parte menor del dato estadístico. La remuneración de estas dos partidas representa el 92% de la llamada Renta Nacional Bruta. El resto son impuestos netos y rentas de la propiedad. Pues bien, desde el inicio de la crisis en el año 2008, la remuneración de los asalariados españoles ha caído en casi un -10,2%, mientras que  en el mismo periodo, los beneficios empresariales se han reducido en algo más de un 1,2%. La proporción es de casi 10 a 1.

El retroceso de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital, ha empobrecido severamente a los hogares y a las familias de clase media y baja, mientras que los hogares más ricos permanecen al margen de la crisis. Así se desprende del nuevo informe publicado por la Fundación Alternativas, que indica que el número de hogares en situación de pobreza severa se ha duplicado, pasando del 4% al 8%, mientras que la proporción de hogares más ricos se mantiene constante. El informe, titulado “¿Cómo afecta la crisis a las clases sociales?”, señala que la desigualdad ha aumentado sobre todo por el empobrecimiento de los trabajadores no cualificados, los que más han retrocedido tras la crisis, y que tan sólo representan el 2,8% de la ocupación según los datos de 2011. Este grupo se ha visto reducido a la mitad en las últimas tres décadas, algo que también ha ocurrido con los obreros cualificados, cuyo porcentaje ha descendido del 31,0% del año 1977 al 15,5% de 2012.

La sociedad española es ahora mucho más pobre que el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco Lehman Brothers protagonizó la mayor quiebra de la historia. La renta disponible de los hogares españoles (677.477 millones) es un 5,5% inferior a la de entonces. La erosión del poder adquisitivo de las familias españolas ronda como media el 15%, teniendo en cuenta que desde entonces el índice de inflación ha subido más del 9%. Por todo ello, los salarios que llegan a los hogares (481.038 millones) tienen el 20% menos de poder de compra y el desgaste solo ha podido ser compensado mínimamente por las prestaciones sociales (186.520 millones) que han subido el 35% como resultado del subsidio por desempleo. Un gasto que ha crecido, a pesar de que la prestación solo alcanza ahora al 65,9% de los parados (el 73,9% en el 2008). Las prestaciones por dependencia y las ligadas a sanidad (medicamentos y asistencia) y educación (becas) han sufrido los grandes recortes de gasto público, desapareciendo la ayuda a la natalidad establecida en 200[10].
Abundando en esta constatación de la profundidad de la brecha salarial y del aumento de la pobreza. La plañidera organización Intermon-Oxfam, que viene captando rentas en España de familias con un solo hijo o sin descendencia, para dirigirlas a familias numerosas de África e Iberoamérica, ante la caída brutal de sus ingresos, y como justificativo de la necesidad de continuar con el desvío de rentas a otros continentes, publicó su informe titulado “Gobernar para las élites” en el que asegura que "la extrema concentración de riqueza que vivimos en la actualidad  amenaza  con  impedir  que  millones  de  personas  puedan  materializar  los  frutos  de  su  talento  y esfuerzo". Los autores creen que corremos el riesgo de entrar en una dinámica en la que "los gobiernos trabajarán en función de los intereses de los ricos y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando". En esta línea, las conclusiones del informe piden que se tomen medidas para cambiar esta dinámica. Sus tres principales recomendaciones, que al margen de la ideología marxista cultural son perfectamente razonables, son:

•  La eliminación de la desigualdad económica extrema como objetivo mundial en todos los países;
•   Una mayor regulación de los mercados, para fomentar un crecimiento equitativo y sostenible;
•   Poner freno a la capacidad de la población rica para influir en los procesos políticos.

Sin embargo, desde las posiciones más procapitalistas, se lanza una ofensiva propagandística tratando de combatir los datos reales aportados ya mencionados. Desde el diario digital de extrema derecha neoconservadora y neoliberal libertaddigital.com, se sostiene que “la pobreza y la desigualdad se están reduciendo a nivel global”[11], tratando de subrayar la justicia del sistema global, poniendo como prueba de ello el aumento de la renta en los países de renta más baja, como resultado de mundialización del mercado de trabajo. Este ha sido el resultado de la llamada deslocalización de las corporaciones transnacionales, que les ha permitido aumentar sus márgenes de beneficio a costa de las rentas de los trabajadores occidentales. 
Pero incluso dicho dato es cuestionable, según Zygmunt Bauman[12],  en su obra “¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?”, publicado en la editorial Paidós, estas tesis según las cuales vivimos en un mundo mejor porque hay más riqueza global son falsas, porque en realidad estamos regresando a cotas de desequilibrio que creíamos haber abandonado para siempre. Bauman señala que en los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las políticas estatales intentaron que aumentase la riqueza total, pero también que su distribución alcanzase al mayor número de gente posible, de modo que cada vez más personas pudieran incorporarse a una situación de bienestar. Sin embargo, a partir de la década de los 70, esa tendencia cambió de sentido, acelerándose ahora de modo preocupante. Bauman recurre a palabras del Papa Francisco, para señalar cómo esas diferencias en los ingresos se han hecho demasiado evidentes: “las ganancias de una minoría están creciendo exponencialmente, lo que provoca que también crezca la brecha que separa a la gran mayoría de la prosperidad que disfrutan esos pocos felices”. Es decir, es cierto que aumenta la riqueza en los países en vías de desarrollo, pero no aumenta su distribución, sino que continúa aumentando la concentración de la riqueza.

5º LA CONCENTRACIÓN SOCIAL Y GEOGRÁFICA DE LA RIQUEZA.

La crisis continúa aumentando la concentración de la riqueza en unas regiones y clases determinadas. Si en 2008 la renta per cápita de un habitante del País Vasco era un 89% más alta que la de un ciudadano de Extremadura (30.947 euros frente a 16.327), en 2012, último año con datos cerrados, esa distancia se ha ensanchado hasta el 98%. Es decir, prácticamente el doble de riqueza relativa.

No es, desde luego, el único caso. Madrid, que es la segunda región con renta per cápita más elevada, es hoy un 72% más rica que Andalucía (la penúltima del ranking entre las pobres), cuando al comenzar la crisis la distancia era equivalente a 68 puntos porcentuales. El caso de Castilla-La Mancha es, igualmente, significativo. Su PIB per cápita ha bajado hasta el 79,4%, distanciándose de las regiones más pujantes.   Entre los territorios ‘pobres’ que han combatido mejor la crisis (aunque siguen sin alcanzar la media de España) están Cantabria, Castilla y León y Galicia, que han mejorado claramente su posición relativa. En el lado contrario se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia, cuya renta per cápita se ha despeñado en coherencia con la existencia de un modelo productivo basado en la construcción. Hoy la Comunidad Valenciana tiene una riqueza relativa (por habitante) que representa apenas el 87,4% de la media española, cuatro puntos menos que los que podía acreditar al comienzo de la crisis. Algo muy parecido ha sucedido en Murcia, que ha sido sobrepasada por varias regiones.

Los datos otra vez proceden de la Contabilidad Regional que acaba de hacer pública el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ponen de relieve en qué medida el patrón de crecimiento sesga hacia un lado o hacia otro el aumento del producto interior bruto (PIB). Las regiones más exportadoras, con más peso de la industria y menor exposición en el sector de la construcción, son las que han evitado mejor los efectos de la crisis. Este es el caso de Cataluña y el País Vasco, cuya renta per cápita ha crecido entre tres y cinco puntos en relación a la media del país, al mismo tiempo que exigen más que ninguna otra región española. Basta como ejemplo mencionar que Cataluña, con siete millones y medio de habitantes, tiene un presupuesto regional de 36.000 millones de euros para 2014[13]  y un déficit superior a otros 10.000 millones de euros, mientras Madrid con un millón menos de habitantes que Cataluña, tiene un presupuesto anual para este año de 17.000 millones de euros y su déficit apenas alcanza los 8.000 millones de euros. Al tiempo, los ingresos fiscales de Madrid son superiores a los de Cataluña. Y es que según el catedrático de Política Económica, Juan Ramón Cuadrado Roura, en su intervención dentro del I Seminario Ibérico de Economistas[14], “después de seis años de recesión, las desigualdades sociales y territoriales se han intensificado dentro de España y continuarán en el futuro”. El experto incidió en el impacto territorial de la crisis y concluyó que “los efectos no han sido homogéneos (…), y que a pesar de que durante los tiempos de bonanza hubo convergencia entre territorios y se corrigieron algunas desigualdades dentro de España, desde 2008 la crisis económica ha vuelto a incrementar las diferencias entre las comunidades autónomas”. Para Cuadrado Roura “el impacto ha sido particularmente importante entre la clase media donde se ha producido un estrechamiento debido a las fuertes pérdidas de ingresos, el incremento de los impuestos y el endeudamiento acumulado”. Una clase media que, según el mismo profesor, “es el segmento de la sociedad que más ha soportado la crisis”. El Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares afirmó que “todos los indicadores muestran un empeoramiento de la distribución personal de la renta y destaca el crecimiento de la pobreza y la exclusión social”, y subrayó el duro impacto del mal estado de la economía sobre la clase trabajadora con menor formación y los jóvenes que conforman “el grueso del desempleo en España”. Finalmente profetizó que “las disparidades, lamentablemente, se reforzarán en 2013 y 2014 y continuaran en los años siguientes”.

Podríamos continuar citando datos y opiniones de personalidades hasta abrumar al lector, pero no es nuestra intención saturar con cifras lo que por otra parte resulta evidente en la vida cotidiana. Nuestro objetivo es denunciar el funcionamiento del régimen dinástico de partidos, y la aplicación de unas políticas contrarias al interés de la comunidad nacional. La realidad es que en España los trabajadores cada vez son más pobres, ý que este hecho es indiscutible.
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[1] www.eleconomista.es/economia/noticias/5352009/11/1...
[2] www.eldiario.es/economia/laboral-empresas-trimestre-tr...
[3] El "coeficiente de Gini" es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, lo que es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Aunque el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una riqueza neta negativa.
[4] www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-04/l...
[5] www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/18-los...
[6] www.periodistadigital.com/economia/empleo/2013/12/0...
[7] Están en riesgo de pobreza quienes viven en un hogar con una renta disponible inferior al umbral de pobreza, que se fija en el 60% de la renta mediana nacional disponible después de transferencias sociales.
[8]www.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/EN/3-05122013-AP-EN.PDF
[9] www.porlaboca.es/?p=6469
[10] /www.elperiodico.com/es/noticias/crisis-economica/print...
[11] www.libertaddigital.com/c.php?op=imprimir&id=1276508760
[12] Sociólogo nacido en Polonia en 1925, reside en el Reino Unido desde 1971, donde fue profesor en la Universidad de Leeds, pero fue a partir de los 90 cuando su obra se popularizó, convirtiéndose en el sociólogo de referencia, gracias a aportaciones conceptuales como sociedad líquida. Autor prolífico de éxito tardío, asegura escribir lo mismo que antes, sólo que ahora se lo publican. España le concedió en 2010 el premio Príncipe de Asturias de Humanidades, exaequo con Alain Touraine.
[13] http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/522138-l-1-2014-de-27-ene-ca-cataluna-presupuestos-de-la-generalidad-de-cataluna.html
[14]www.elderecho.com/actualidad/agenda/Primer-Seminario-IbericoEconomistas_20_569725001.html

domingo, 9 de febrero de 2014

LOS CLAVOS DEL ATAUD DE ESPAÑA (II)



2º LA CORRUPCIÓN.

El pasado día 3 de Febrero, la Comisión Europea publicaba su “1º Informe sobre la Corrupción en Europa”  en el que se apuntaba como conclusión, que España y Grecia son los países donde el problema está más extendido y en los que más se considera que afecta a la vida diaria de los ciudadanos. Se calcula que uno de cada cuatro ciudadanos (26%) europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana, mientras que esta proporción casi es de 2 de cada 3 (63%) en el caso de España, la más alta de los veintiocho estados miembros junto a Grecia. Cerca de España y Grecia les siguen Chipre y Rumanía con un 57%, mientras que en Alemania o Francia se queda en el 6% y en Dinamarca no pasa del 3%.

España es también el país donde más ha crecido la percepción de la corrupción en los últimos tres años, según el estudio. Así, según el documento, ahora en la UE el 75% cree que la corrupción está muy extendida en su país de origen, proporción que se eleva al 95% en España. No obstante, en este aspecto se ve incluso superada por Grecia (99%) e Italia (97%).

Por contra, se incluye otro sondeo sobre la observación directa de la corrupción, según el cual mientras el 4% de los ciudadanos europeos dice que durante el año pasado se les pidió un soborno o se vieron en una situación en la que se esperaba eso, en España solo un 2% ha sufrido esa situación. Un tercer estudio en el campo de los negocios también sitúa a España como uno de los países europeos donde hay más corrupción.

Según la Comisión, la corrupción afecta a todos los Estados miembros y cuesta a la economía de la UE en torno a 120.000 millones de euros al año.


Entre 1996 y 2009 los medios de comunicación de hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. Algunos de los principales brotes de corrupción se encuentran en la financiación de los partidos políticos, que tradicionalmente han dependido de la banca para su financiación. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total de los partidos políticos parlamentarios,  ascendía a 227 millones de euros, algo que fue posible, según insinúa la Comisión, por el hecho de que los consejos de administración de las Cajas de Ahorros estaban compuestos por políticos designados por sus partidos y sindicalistas. Precisamente, las mismas entidades financieras que fueron las principales protagonistas de los créditos que provocaron la burbuja inmobiliaria.

En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación de partidos, por ejemplo obligando a notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones superiores a 50.000 euros o que impliquen bienes inmuebles, y prohibiendo las condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Aun así estas medidas no son suficientes para la Comisión, que reclama una mayor supervisión de los préstamos, mejorar los controles financieros internos y reforzar el régimen de sanciones, lo que no es de extrañar, pues las medidas adoptadas han sido completamente ineficaces.

Bruselas también detecta que la fuerte descentralización del Estado propicia prácticas corruptas que en ocasiones son difíciles de detectar. Las Comunidades Autónomas gestionan aproximadamente el 35% del gasto público total y los responsables locales un 13%. "La eficacia global de los controles y equilibrios en relación con el gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", según el informe del Ejecutivo comunitario.

La combinación de entidades financieras en manos de políticos y sindicalistas, junto con la fragmentación del presupuesto público y el poder político, han sido letales para España, estableciendo una estrecha relación entre desarrollo urbanístico, acaso el mayor foco de corrupción durante las dos últimas décadas, y la capacidad de los ayuntamientos y alcaldes de "actuar de manera autónoma" al disponer de "amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana" algo que propicia que los Gobiernos regionales ejerzan sólo un "control limitado".

Sólo en 2011 se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas. Más cifras: según una base de datos periodística y no oficial de la que se hace eco este documento, cerca de 700 municipios se vieron afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010, mientras que en los últimos tres años, 19 alcaldes de todos los colores políticos han sido detenidos por cargos de corrupción.

En Junio de 2013, el Consejo General del Poder Judicial dio a conocer un informe  provisional del Servicio de Inspección según el cual los Juzgados y Tribunales tramitaban en ese momento un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros. El número de procesos de especial complejidad -concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como de los tipos delictivos o número de imputados- representa el 0,03% del total de diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el porcentaje no es representativo, porque la mayoría de esas diligencias no dan lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o inexistencia de delito.

El informe del CGPJ, que no incluía las causas especiales que tramita el Tribunal Supremo, no especificaba cuántos de esos procesos afectaban a políticos. Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los jueces. No hay que olvidar, que ambas entidades están gobernadas por correligionarios de los propios imputados.

La comunidad autónoma que más causas complejas tramita es Andalucía, con un total de 656, seguida de la Comunidad Valenciana (280), Cataluña (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110). La Audiencia Nacional se encarga de 91 procesos de especial complejidad en estos momentos.

El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 Juzgados necesitan medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios.

Es más, cuando se introdujo a finales del año 2012 la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, se excluyó de la misma expresamente a los partidos políticos y a los sindicatos, conscientes de que estas organizaciones tienen rasgos claramente criminales en su conducta, al ser beneficiarias directas de los delitos cometidos por sus miembros.

Pero en contra de lo que se pueda pensar, la corrupción en España no es algo coyuntural propio de una circunstancia transitoria, sino que resulta inherente al régimen monárquico de partidos desde su propio nacimiento, que como un parásito ha ido creciendo hasta asfixiar al parasitado. El llamado “caso Noos” ha puesto en evidencia cómo la corrupción afecta a la propia cúspide del Estado. El juez instructor de la causa, solicitó las declaraciones de la renta de los últimos diez años presentadas ante la Hacienda Pública por la hija el Rey y su marido. Tras recibirlas, incorporó al sumario sólo las del yerno del monarca, ocultando así al conocimiento público las de la hija del Rey. Y este dato oculto no es irrelevante. Imaginemos qué la infanta Cristina además de sus ingresos de 150.000 euros anuales procedentes de la Caixa, hubiera tenido otros ingresos al poseer, pongamos, una cartera de valores. Y que dichos valores son superiores en mucho a los procedentes de sus ingresos justificables dada su condición y actividad profesional conocida. Imaginemos que esa cartera de valores está compuesta por acciones en una sociedad familiar, formada por Juan Carlos, Sofía, y sus tres hijos, entre ellos el impoluto heredero. Si la infanta Cristina es titular de acciones valoradas en millones de euros, y esto se desvelase, quedaría al descubierto el nombre  de esa sociedad familiar y podríamos conocer cuáles son los intereses en el mercado de valores del “mejor embajador de España”, de su “profesional” señora, del “heredero a título de Rey” y de su augusta hermana de reconocida obra intelectual y larga trayectoria profesional, así como el origen de tan fabulosa fortuna. Si estas imaginaciones mías, esta vulgar hipótesis de trabajo, fuera verdad, nos encontraríamos con que como en el ajedrez, el rey se esconde detrás del peón.

La corrupción retrata los tres grandes males seculares que atenazan a España desde hace dos siglos: la desunión entre las distintas regiones de España provocada por los separatistasy los separadores, la división entre los ciudadanos fomentada e inducida por los partidos políticos, y la monarquía como parásito de la nación española, que esteriliza y obstruye cualquier empresa nacional. Todo ello es el resultado de un capitalismo de cortos vuelos, que ha sido incapaz de formarse sin la instrumentalización del Estado a su servicio para la formación de las acumulaciones de capital necesarias para su propósito. Monarquía, capitalismo, separatismo y partidos políticos son las infectas heridas de España de las que rezuma corrupción de forma inevitable.
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[1] www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
[1] www.elmundo.es/espana/2014/02/03/52ef742ce2704e052f8b4578.html
[1] www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/espana/1366889013.html