La sinrazón del sistema de partidos al que la mayoría sigue empeñada en denominar equivocadamente democracia, en lugar de plutocracia que sería una denominación más exacta y acertada, nos conduce a una nueva contienda electoral para decidir qué partido es el que va a ejecutar la política impuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, que mantienen su pasividad ante la economía española, a la espera de la formación de un gobierno que estabilice el régimen y ejecute sus directrices para garantizar el pago de la deuda externa a los bancos alemanes y a los inversores en deuda pública, lo que nos está conduciendo a la desaparición de la clase media, a contraer una deuda pública impagable, a la recesión económica, la devaluación salarial, la deflación y la quiebra del sistema de pensiones y de la Seguridad Social. El escenario económico al que nos enfrentamos durante esta larga campaña electoral es desolador.
1º) La política del gobierno y el déficit público, los ingresos caen el doble que los gastos y el déficit del Estado es mayor en 2016 que en 2015.
El gobierno de Mariano Rajoy ha reducido el déficit público desde el 9,60% del PIB que se registró cuando accedió al poder al 5,08% del año pasado, aunque continúa estando por encima del 4,2% del PIB previsto para 2015 pactado con Bruselas. Y las previsiones apuntan a que en 2016 no se cumplirá tampoco el objetivo anual señalado por la UE en el 3,6% del PIB, casi un punto y medio por debajo del actual, y aunque solo conocemos las cifras hasta febrero del presente año, por lo que pueden variar durante el resto del año, en términos de contabilidad nacional, los ingresos no financieros se han reducido en un -9,7%, lo que comparado con el crecimiento de febrero de 2015 (+2,1%) o de febrero de 2014 (+3,3%) es un desastre. Y si bien es cierto que los gastos no financieros del Estado también se han reducido en un -4,1%, el resultado final es que las necesidades de financiación del presupuesto del Estado han aumentado en 13.306 millones de euros, lo que supone que el déficit del Estado en 2016 aumentaría respecto del de 2015.
Este aumento del déficit tiene su origen en uno de los principales problemas de España: la baja recaudación tributaria respecto a otros países europeos. Según los datos de Eurostat de 2015, la recaudación española supone el 37,8% del PIB y solo hay cinco países de los 27 de la UE que recaudan menos que España -Bulgaria, Irlanda, Letonia, Lituania y Rumanía-, siendo la media europea del 45,2% del PIB. Una baja recaudación que nos sumerge en un déficit estructural ajeno al ciclo económico, que a causa de la bajada de IRPF que impulso el crecimiento del PIB, el pasado año se incrementó en un punto del PIB, y en este 2016 no solo no se va a reducir, sino que se estima que llegará casi al 3%, algo que el gobierno sabe perfectamente, porque nuevamente 2016 vuelve a ser un año electoral, y ante la inminencia de las elecciones, el gobierno de Rajoy y del PP ha puesto en marcha un programa de gasto extraordinario, al mismo tiempo que negocia con Bruselas un incremento del objetivo de déficit 2016 de hasta el 3,6%, aunque se sabe que no se va a cumplir, el propio Banco de España ha señalado un 4,4% del PIB como cifra más probable del déficit en 2016.
Y la imposibilidad de atajar el problema económico y la racionalización del Estado tiene su origen en el llamado “Estado de las Autonomías”. España no es un país con un gobierno, una política económica y un Estado, España es un conglomerado informe de 17 pequeñas taifas cada una con un manirroto al frente gastando lo que no saben dueñas. A mediados de abril, el Gobierno elevó el objetivo de déficit autonómico del 0,3% del PIB al 0,7% para este 2016, más del doble del déficit previsto. Este cambio se debe al nuevo objetivo de déficit general pactado con Bruselas para este año, que ha pasado del 2,8% del PIB al 3,6%. Por ello, deja a las autonomías el mismo objetivo de déficit que en 2015, después de que solo tres lograran cumplirlo (País Vasco, Canarias y Galicia). Y ante este disparate, el Ministro de Hacienda Montoro les ha prometido 7.400 millones de euros más para su financiación que en 2015, por lo que se sabe de antemano que las CC.AA. no van a cumplir con su objetivo de déficit, no lo han hecho nunca desde 2008, por lo que si partimos de que las comunidades autónomas arrojan un déficit medio desde 2008 de 1,0 puntos de PIB, al que hay que añadir el propio del Estado, la suma de ambos nos sitúa en el 2,8/2,9 del PIB. Y eso sin contabilizar los miles de facturas que han ocultado las CCAA. Pero el gobierno dice que está seguro de compensar este gasto con el aumento del crecimiento, aunque las cifras del Banco de España y del INE de un crecimiento del 0,7% del PIB no coinciden con nada. Los ingresos en febrero de 2016 son inferiores a los de febrero de 2015 en 3.200 millones, por lo que somos multados con 2.000 millones por incumplimiento, siendo el primer país de la eurozona en ser sancionado. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de la UE, que no ha podido emitir en plazo legal el informe preceptivo sobre el Programa de Estabilidad 2016-2019 que el Gobierno remitió a las instituciones comunitarias europeas, avisó a finales del pasado mes de abril de que será necesario un ajuste de 4.000 millones de euros para cumplir con el déficit, y advertía además, que este ajuste debe hacerse precisamente en el gasto de las comunidades autónomas, por lo que el anuncio de Montoro hecho semanas atrás anunciando un recorte de 2.000 millones, lo que permitiría rebajar en dos décimas el PIB, se queda corto. Evidentemente, es bastante complicado que España alcance el 3,6% de déficit este año, cuando 2015 cerró por encima del 5%, y la Autoridad Fiscal estima en sus cálculos que el déficit público de este año se situará en torno al 4,1%, nueve décimas inferior al 5% del que ha informado el Ministerio de Hacienda para el conjunto del año 2015. Un desfase de 13.000 millones este año.
Pero no debe olvidarse que déficit significa gastar a crédito, adquirir nuevas deudas. En España, el pago de intereses representa el 44,4% de nuestra deuda pública total a finales de 2015, y desde 1995 a 2015 hemos pagado intereses que representan el 61,37% del incremento de deuda pública entre esos años. ¿Cuál es la razón por la que hay que llenar el bolsillo de los banqueros? El gobierno, al igual que hace el BCE con los bancos privados, podría financiarse a un coste cercano al 0%. En contra de lo que la gente corriente piensa, la banca privada no precisa disponer de dinero para prestárselo al Gobierno: simplemente lo crean de la nada, lo mismo que hacen cuando prestan a empresas o individuos particulares, la deuda privada, y para colmo manipulando los tipos de interés a los que financian, junto a los fondos de inversión que invierten en deuda pública. Y es precisamente porque el dinero con el que los bancos centrales financian a bancos privados o a los gobiernos viene de la nada, por lo que puede prestarse prácticamente sin interés. Siguiendo al profesor Torres:
“Los economistas neoliberales dicen que eso no podría ser así porque se desencadenaría una inflación gigantesca dado que los gobiernos pedirían prestado sin cesar pero este argumento es una completa estupidez. Primero, porque los bancos centrales limitarían su financiación al gasto público que fuese necesario para mantener en equilibrio la economía y, segundo, porque la historia ha demostrado que el dinero es mucho más peligroso en manos de la banca privada que en la de los gobiernos a la hora de crear burbujas y crisis financieras, naturalmente, siempre que los gobiernos estén sujetos al control del que ahora se carece precisamente para que puedan ayudar sin límite a los bancos privados y a las grandes empresas. Eso es lo que nos lleva a decir que se trata de un privilegio injustificado del que goza la banca privada en perjuicio de la población en su conjunto, de un robo legalizado y consentido que sobrecarga y mata a la economía, que destruye empleos y riqueza y que provoca crisis e inestabilidad social constantes. Hay que acabar cuanto antes con el sistema (llamado de reserva fraccionaria) que permite a los bancos crear dinero de la nada produciendo burbujas y sobreendeudamiento constantes, y hay que disponer de bancos centrales que financien a los gobiernos con buen criterio y garantizando el buen funcionamiento de las economía y el uso razonable de los gastos del Estado“
2º) El desempleo.
Los indicadores de actividad económica del primer trimestre de 2016, no son nada halagüeños. Dicen así:
- Consumo de energía eléctrica corregido (-0,7% vs. +2,5 el trimestre anterior;
- Consumo aparente de cemento (-0,5% vs.+5,8 el trimestre anterior), un auténtico desplome de la actividad de construcción;
- Matriculación de vehículos de carga fuertemente correlacionado con la inversión (+11% vs. +31% el trimestre precedente);
- Sector exterior con datos hasta febrero el saldo comercial es de -2.074 millones vs. -1.869.
Es evidente que el crecimiento se está desacelerando de forma progresiva, y el mercado de trabajo con él. Los datos de desempleo reflejan con precisión lo que está pasando en el mercado laboral durante este primer trimestre del año: aunque la ocupación continúa creciendo no lo hace de forma suficiente para contener el paro (4,79 millones) ni para reducir la tasa de desempleo en relación a la población activa, que ha vuelto a crecer una décima y se sitúa en el 21%, el mayor nivel de la Eurozona tras Grecia. Más concretamente, la ocupación creció en 17.600 personas en el sector público, mientras que descendió en 82.100 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 513.300 personas en el sector privado y en 61.500 en el público, según los datos de la Encuesta de Población Activa, mientras que la tasa de paro juvenil ha subido hasta el 46,49%, al tiempo que aumenta el número de hogares con todos sus miembros en paro, 54.300 en marzo de 2016.
Lo cierto es que con el transcurso del tiempo el desempleo irá disminuyendo por pura ley natural, por extinción, pues la caída de la natalidad está haciendo que cada vez sean menos las personas se incorporan al mercado de trabajo como consecuencia de la caída de la natalidad durante las últimas décadas. El número de activos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) disminuyó entre enero y marzo en 52.700, hasta los 22,8 millones, mientras que la tasa de actividad baja 14 centésimas hasta el 59,29%. En el último año la población activa ha descendido en 78.400 personas.
Se nos podrá alegar que debido a la alta estacionalidad de la economía española, el primer trimestre del año es tradicionalmente malo para el empleo. Pero si se elimina ese factor, en términos desestacionalizados, la variación trimestral es del 0,87%. Es decir, es verdad que se habrían creado puestos de trabajo en los últimos 12 meses hasta alcanzar los 574.800 nuevos empleos, con una tasa anual del 3,29%. Otra cosa es la calidad de ese empleo y su miserable remuneración. Lamentablemente, este aumento del empleo precario y mal pagado no significa un cambio de modelo productivo. La creación de empleo se ha concentrado en las regiones más volcadas en el turismo, Andalucía (130.600 más), Cataluña (104.400) y Comunidad Valenciana (56.500), y en el sector servicios (503.500 ocupados más).
Lo cierto es que la tecnología está sustituyendo al trabajo, y esto provoca una demanda del mismo muy inferior a la oferta existente. Ganar en productividad mediante la modernización de la producción con el uso de la tecnología, hace que cada vez el trabajo sea menos demandado. En estas circunstancias, lo que se va a imponer de forma generalizada son unas condiciones laborales de mera supervivencia y una creciente externalización de la oferta de trabajo por subasta a través de Internet, por lo que van a quedar muy pocos trabajadores fijos y aún menos con remuneraciones elevadas, a no ser que aporten un valor añadido a la producción considerable o sean imprescindibles para aportar muchísimo valor añadido. Y aun así, este mercado de trabajo de un alto valor tampoco va a escapar al aumento de la productividad mediante el uso de la tecnología, por lo que en este segmento laboral la oferta también será muy superior a la demanda reduciendo su retribución. En estas condiciones del mercado de trabajo, obviamente el subempleo y la subremuneración van a aumentar, al tiempo que la sobrecualificación del trabajador se va a generalizar, por lo que las exigencias laborales para obtener un empleo se elevarán exponencialmente. Y en este estado de cosas, el aumento del paro estructural está asegurado, un número cada vez mayor de personas expulsadas definitivamente del mercado de trabajo, en el que no pueden integrarse de ninguna manera, por lo que ya ni siquiera van a ser oferta de trabajo porque han dejado de ser necesarias y estarán excluidos del mercado laboral. Así es que una vez se haya completado la destrucción de la clase media, las condiciones laborales de la inmensa mayoría de los contratos, no permitirá salir de la pobreza a los “afortunados” trabajadores que obtengan un empleo.
Todo esto va a acabar afectando a todos los sectores de la economía, pues con la caída de salarios, caerá el consumo y el acceso a los bienes producidos, porque el uso masivo de la tecnología y la reorganización de los procesos productivos para adaptarlos a esa tecnología disparará la productividad, y aunque la reducción de costes será aplicada a la reducción de los precios de venta, habrá una masa ingente de personas excluidas del consumo. En este contexto la renta social básica se implantará por necesidad, aunque se nos presentará como un “avance de los trabajadores”, permitirá un consumo básico de subsistencia de bienes y servicios de primera necesidad agudizando la desigualdad y extendiendo la pobreza, generando en muchas ocasiones pequeñas economías cooperativas y de trueque.
Así llegaremos a la nueva civilización moderna anunciada en el S. XX, de la que hace unas décadas decía Julius Evola en su Rebelión contra el mundo moderno, que:
"Si ha existido alguna civilización de esclavos, esta es precisamente la civilización moderna. Ninguna civilización tradicional vio jamás masas tan grandes condenadas a un trabajo vacío, desalmado, automático: esclavitud, que no tiene siquiera como contrapartida la estatura y la realidad tangible de la figura de los señores y de los dominadores, sino que viene impuesta anodinamente a través de la tiranía del factor económico y de las estructuras de una sociedad más o menos colectivizada.
Y ya que la visión moderna de la vida, en su materialismo, ha negado al individuo toda posibilidad de conferir al propio destino algo de transfigurante, de verse un signo y un símbolo, así la esclavitud de hoy es la más dura y desesperada de las que se han conocido".
Sin embargo, Evola se equivocaba. En esta etapa del materialismo aún hay otra forma de alienación del ser humano superior a la del trabajo vacío carente de creatividad, otra forma de esclavitud que priva al hombre de sentido, que lo cosifica y expulsa de su condición de humano: reducirlo a ser un esclavo prescindible del beneficio, que vive alienado y expulsado de la sociedad. Por lo que si el futuro del trabajo es el empleo de un número decreciente de trabajadores y de horas de trabajo para conseguir producir más bienes, la remuneración del trabajo tenderá a caer y la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social con ella, tal y como ya ha empezado a suceder. La tecnología ha impulsado al capitalismo a un estadio en el que cada vez más, puede prescindir del factor trabajo, que obviamente no va a ser remunerado, enfrentando a un número creciente a un empobrecimiento espectacular de su vida, tanto en lo personal –rentas, consumo– como en lo público –estado del bienestar y derechos sociales–, y esta situación no es un futuro lejano, sino inmediato.
3º Las pensiones.
La caída del empleo y de la remuneración del trabajo, la deflación salarial y los trabajos basura, han provocado un grave y endémico déficit en la Seguridad Social, que será este año de más de 20.000 millones de euros o 1,9% puntos del PIB, y según las estimaciones del Ejecutivo, antes de 2020 se acumulará un agujero financiero que superará los 40.000 millones de euros, consumiendo definitivamente la totalidad del Fondo de Reserva de las pensiones, del que apenas restan unos 34.000 millones. Un déficit que se mantendrá a pesar de la poco realista creación de empleo prevista por el gobierno: 2.000.000 de puestos de trabajo que arrojarían unos ingresos adicionales por cotizaciones sociales de 20.000 millones de euros anuales, pero que no bastarán, por el simple motivo de que los gastos crecerán aún más deprisa, como consecuencia de la negativa evolución demográfica de nuestro país. El mismo INE prevé que dentro de tres décadas habremos pasado de la actual tasa de dos trabajadores cotizantes por pensionista a solo un único trabajador cotizante por pensionista: es decir, la cobertura de las prestaciones sociales contributivas se deteriorará de manera irreversible por mucho empleo que creemos simplemente porque no habrá gente suficiente. En cuanto al Régimen de Trabajadores Autónomos, su situación es igualmente calamitosa, el año 2015 se cerró con un déficit de 6.600 millones de euros, por lo que muy previsiblemente el gobierno que salga de las elecciones impondrá un aumento de las cotizaciones mínimas, en el que se encuentran más del 80% de los cotizantes, para tratar de recuperar el equilibrio temporalmente.
Así pues, a corto plazo la crisis va a consolidar un déficit en la Seguridad Social que agotará el fondo de reserva de las pensiones; y a largo plazo, la demografía volverá el sistema completamente insostenible, prolongando su vida con serios recortes a las presentes condiciones de acceso a la jubilación.
4º La pretendida alternativa: la denominada "nueva política".
Los partidos políticos, todos ellos tanto de la “vieja política” como de la “nueva”, son partidarios de continuar cediendo nuestra soberanía monetaria y de mantener la moneda única, y a pesar de ello, pretenden incumplir las reglas de la misma. El programa del PSOE/C's no solo no reduce el déficit estructural sino que lo aumenta, y Podemos propone elevarlo sin límite; y todo ello dentro del sistema euro y con renuncia a la soberanía monetaria lo que directamente nos lleva a la quiebra. Por lo que para evitarlo, el gobierno que saldrá de votar en junio, aplicará un incremento del IVA al 23%, una subida a las cotizaciones sociales de los autónomos y una reducción de las pensiones en un 20%, y con ello el consumo va a caer, la recaudación fiscal a disminuir y los ingresos de la Seguridad Social van a descender.
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Fuente de la imagen de inicio:
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/04/actualidad/1449238609_750698.html
[1] http://juantorreslopez.com
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