La Gran Partida: junio 2015

“¡Pero cálmate, corazón!

¡Estás desperdiciando tus últimas fuerzas!

¿Tus últimas fuerzas?

¿Y tú, tú quieres asaltar los cielos?”[1]

Friedrich Hölderlin

Hyperion

La población española está distribuida territorialmente de forma muy desequilibrada. En el interior peninsular existen grandes espacios rurales despoblados, alrededor de pequeñas capitales de provincia que concentran la escasa actividad económica, política y administrativa. En este espacio sólo destaca en el centro Madrid y su área metropolitana, que concentra en su periferia algunas de las mayores ciudades del área central peninsular. A esta situación territorial del interior, se suma una periferia plagada de territorios con voluntad política diferenciada, expresada a través de partidos políticos regionalistas o nacionalistas que concentran el voto territorialmente en regiones concretas de Cataluña, País Vasco, Santander, Baleares, Galicia, Canarias, etc. Ambos elementos, ya hicieron inviable al momento de la redacción de la Constitución del 78, la aplicación de un sistema uninominal por distritos, ya que el tamaño de éstos estaría sobredimensionado y alcanzarían un tamaño desmesurado debido a las características de la España central.

Sobre esta estructura de distribución territorial de la población, interviene el sistema electoral que tiene su origen en la Transición. La ley que lo rige data de 1977 y por lo tanto es anterior a la promulgación de la constitución del 78, que establece en su artículo 68.2 relativo a las Cortes Generales, que los diputados del Congreso se elegirán por provincias debiendo estar todas ellas sin excepción representadas, por lo que establece una circunscripción electoral por cada una de las 50 provincias a las que añade las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se establecía un sistema bicameral compuesto por un Congreso de los Diputados formado por 350 representantes (basándose en el cálculo poblacional de 1 diputado cada 100.000 habitantes, conforme a la población española de la época), y un Senado al que se le atribuía el papel de cámara de representación territorial formado por 207 senadores en su inicio variando su número desde entonces. Además, el sistema definía la asignación automática de 2 diputados por provincias de forma fija, más 1 para Ceuta y 1 para Melilla, atribuyendo los restantes escaños en función de la variable poblacional de cada territorio.

Esta legislación electoral afecta al comportamiento electoral y al propio proceso de elecciones generales sesgando notoriamente su resultado, pues las dos candidaturas más grandes a nivel estatal, conseguirán siempre alrededor de treinta escaños por encima de los que les corresponderían en razón del número de votos obtenidos, y para llegar a comprender las razones de esta ventaja añadida debe examinarse el origen del modelo de circunscripción electoral en los propios orígenes de la moderna partitocracia española.

En 1977 se celebraron las elecciones constituyentes partiendo de la necesidad del régimen postfranquista de mantener las cámaras resultantes bajo su control. Tras formarse desde el gobierno la Unión de centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez[2], éste pactó con Felipe González y su PSOE. Este partido había sido reinventado tras marginar a los viejos socialistas exiliados en Francia, tras previamente ser designado como principal fuerza de alternancia para el futuro español por Kissinger y Brezinsky[3] en Whasington, gracias a lo cual recibiría financiación encubierta de los EE.UU. primero y del SPD alemán después, que financió al PSOE con fondos ilegales procedentes del conocido caso de corrupción “Flick”. Mediante este pacto entre las viejas élites del franquismo y los socialistas conversos, se desplazaron más de 30 escaños de las provincias más pobladas, en donde ganaban los partidos de la izquierda opuesta al régimen, hacia las provincias interiores en donde ganaba el Gobierno de la monarquía. Ello era evidente para la izquierda que lo aceptó a sabiendas de las consecuencias, como se puso de manifiesto con la aceptación por ésta de la atribución en la ley de 2 escaños fijos por provincia, cuando bastaba asignar 1 para cumplir el requisito de representación mínima provincial, tal y como se reflejó un año más tarde en texto constitucional.

En aquel momento la única unidad territorial era la provincia, lo que dotaba de cierta lógica a esta división en circunscripciones electorales uniprovinciales. Pero la razón por la que no se eligió la única alternativa posible en aquel momento, la circunscripción única, era buscar el aseguramiento del resultado electoral favorable al gobierno que le permitiera mantenerse en el poder y dirigir la operación política de conversión en un sistema de partidos conocida como Transición. El resultado fue el siguiente:

Circunscripciones uniprovinciales

Candidaturas	(%) Votos	Escaños	(%) Escaños
Unión de Centro Democrático	34,52	165	47,14
Partido Socialista Obrero Español	24,44	118	29,43
Partido Comunista de España	9,33	20	4,57
Alianza Popular	8,33	16	3,43
Nacionalistas en general	8^{^[1]}	25	7,42

Fuente: www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=15/06/1977

Y si las elecciones se hubieran celebrado en un distrito único, los resultados hubieran sido muy diferentes:

Circunscripción única

Candidaturas	(%) Votos	Escaños	(%) Escaños
Unión de Centro Democrático	34,52	124	35,42
Partido Socialista Obrero Español	24,44	105	30,00
Partido Comunista de España	9,33	34	9,71
Alianza Popular	8,33	29	8,28

Nacionalistas en general 8[4] 25 7,42

Como puede apreciarse, el resultado de las elecciones en un solo distrito, arrojaba un resultado muy diferente para el partido del gobierno. Además, el sistema empleado excluyó directamente a un buen número de formaciones políticas partidarias de la ruptura o de la involución. En este momento nació el pacto entre las élites instaladas en el poder durante el franquismo con las que se incorporaban al sistema, que en muchas ocasiones pertenecían a las familias del propio régimen, sirva como ejemplo José Bono, el fiscal y exministro Bermejo, la comunista Cristina Almeida, Nicolás Sartorius, y un largo etcétera. Este pacto consagrado en la Constitución y más tarde en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), beneficia a los dos primeros partidos de ámbito estatal y no perjudica a los partidos nacionalistas de la periferia, que no ven menguados en nada sus resultados. Esta norma se creó para favorecer a los dos primeros partidos de implantación estatal, para que la suma de ambos siempre superase el total de los 100 escaños. Para ello se otorgó sobrerrepresentación a las dos Castillas y a Extremadura, reservando por aplicación de la ley d´Hondt[5] una reserva de 30 escaños extra para el ganador de las elecciones. De esta manera se aseguraban de que el tercero nunca pudiera acercar a las 50 actas parlamentarias. Por lo tanto, las provincias no participan del reparto de escaños de modo proporcional al número de habitantes residentes en la misma, sino que con la atribución de 2 escaños fijos por provincia, la ley electoral distorsiona los resultados electorales otorgando una sobrerrepresentación a las comunidades autónomas pluriprovinciales y de menor población, como ocurre con ambas Castillas, y subrepresenta a las más pobladas con independencia de que sean pluriprovinciales como Cataluña o uniprovinciales como Madrid. Esta trampa se pensó para garantizar inicialmente la victoria de la UCD en las primeras elecciones y, en lo sucesivo, garantizar la alternancia entre las dos grandes fuerzas políticas, aunque finalmente no sirvió para garantizar la supervivencia política de la UCD, al ser este partido un conjunto de ambiciosos advenedizos que rodeaban a Suárez, que a su vez se negó a ser un instrumento amortizado una vez concluida la nueva arquitectura legal, que debía servir de puente para la llegada al poder del PSOE, por lo que poco más tarde se terminaría descomponiendo.

Durante las siguientes décadas, el régimen de la monarquía estableció a modo de cerrojo que vedaba el acceso a la representación funcionó sin problemas concentrando el poder en la alternancia entre los dos grandes partidos y los puntuales apoyos de los nacionalistas. Así, el sistema electoral, el control de la financiación pública y privada de los partidos políticos y de los medios de comunicación, el sistema de listas de candidatos elegidos por la dirección de los partidos y cerradas para el elector y, por último, la acotación del carácter de sindicato “representativo” a las corruptas centrales sindicales comunista (CC.OO.) y socialista (UGT) establecieron un muro infranqueable, que sólo podía ser superado con la anuencia de los poderes económicos y políticos que controlan el régimen. Las consecuencias del sistema establecido por el régimen es, que en la mitad de España nunca ha sido elegido un candidato que no perteneciera al PSOE o al PP. El sistema electoral elimina cualquier posibilidad de las terceras opciones en, al menos, en la mitad del territorio, lo que se ha traducido en el reparto del poder representativo y de la administración del presupuesto entre dos oligarquías políticas que son los dos brazos de una misma pinza, que han monopolizado dos tercios de las 52 circunscripciones u 11 de las 17 autonomías. Es un sistema fraudulento, y sólo así ha podido ser posible que la corrupción no tuviera nunca un coste electoral para los partidos corruptos de una monarquía corrupta que se ha sostenido sobre el apoyo de los militares y de los poderes transnacionales. Como dijo Oscar Alzaga, líder del PDP aliado de Alianza Popular en su día y líder de la derecha española más rancia: "El sistema electoral español es absolutamente original, e infinitamente más original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico".

Si atendemos a clasificar las circunscripciones electorales provinciales según el efecto que sobre cada circunscripción provincial tiene la legislación electoral, y como ésta excluye o no el acceso de una tercera opción política al sistema representativo, se llega a la conclusión de que sólo en 7 de las 52 provincias es posible para una alternativa política de ámbito estatal opuesta al régimen, obtener representación parlamentaria, lo que no significa que su presencia en el poder legislativo tuviera un papel relevante. Veamos.

1º Provincias de exclusivo control del régimen (104 escaños).

Son las 27 provincias menos pobladas que reparten un total de 104 escaños que no se corresponden con su población, repartiendo los escaños entre dos privilegiando a uno de ellos. En estas provincias, para obtener un escaño hay que alcanzar entre el 13% de los votos de Santander, que tiene asignados 5 escaños, y el 31% de los votos de Soria, que tiene asignados dos. En esta grupo se encuentran: Cantabria, Cáceres, Orense, Lugo, La Rioja, Teruel, ambas Castillas, Huelva, Huesca y Almería y las dos ciudades africanas.

2º Provincias con extrema dificultad para obtener representación (57 escaños).

Las 7 provincias que tienen atribuidos un total de 57 escaños, en los que las posibilidades de alcanzar representación por un tercero ajeno al bipartito son remotas son: Baleares, Alicante, Córdoba, Cádiz, Badajoz y Granada.

3º Provincias con hegemonía nacionalista (69 escaños).

En 11 provincias se elige a un total de 69 diputados con diversos grados de dificultad debido al porcentaje de votos necesarios para alcanzar representación, pero que fuerzan al competidor estatal a superar un nuevo obstáculo, como es la competencia con las candidaturas nacionalistas locales. Se trata de: Pontevedra, La Coruña, Navarra, Lérida, Gerona, Tarragona, País Vasco y las dos Canarias.

4º Provincias en las que resulta posible obtener representación (120 escaños).

Estas provincias, en las que una fuerza política que quiera aspirar a jugar un papel político que no sea meramente testimonial debe volcar todos sus esfuerzos, con: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Asturias, Valencia y Zaragoza.

Y a esto lo han llamado durante cuarenta años “la democracia que el pueblo se ha dado a sí mismo”.

Pero en 2008 las cosas comenzaron a cambiar tras la aparición de dos nuevos factores a contabilizar. Ese año se produjo la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’ s), que ha generado un nuevo escenario de pérdida del control de la información por el poder y de construcción horizontal del conocimiento, haciendo que los medios de comunicación que hasta el momento venían manipulando la opinión pública hayan perdido la exclusividad en la dirección de ésta. Una realidad que se puso de manifiesto con el movimiento popular del 15-M, que se formó de manera espontánea y transversal, aunque pronto fuera controlado, al menos parcial e ideológicamente, por los activistas de extrema izquierda. También ese mismo año estalló la crisis que ha conducido a la quiebra de legitimidad del régimen del 78 con la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la UE, el FMI y el Banco Mundial, teniendo lugar en un contexto completamente diferente a las que la han precedido. Las redes sociales han deslegitimado a todas las instituciones y a todos los medios de comunicación generales, llevando al régimen a mostrarse a la defensiva, desconcertado ante una realidad que es incapaz de predecir y sobre la que ha perdido el control. La debilidad del sistema partitocrático ha conducido a los hasta ahora partidos mayoritarios a una situación de triple empate entre PP, PSOE y Podemos en todas las encuestas desde las elecciones europeas de Mayo de 2014 y las municipales de 2015, que tendrá que deshacerse con la celebración de las elecciones generales a finales de año. La debilidad del bipartito ha alcanzado tal nivel, que el efecto tramposo que crearon hace cuarenta años en su beneficio puede volverse contra ellos en el mismo momento en el que en una de las provincias de hegemonía absoluta de los dos grandes partidos, PP o PSOE sean desplazados por el nuevo invitado a la “fiesta de la democracia” que son las elecciones según llevan diciendo los periodistas del pesebre del régimen desde hace cuarenta años. Y dependiendo del resultado electoral, seremos testigos de una Grosse Koalition entre PP y PSOE o a un “abrazo del oso” entre PSOE y Podemos en el que el primero desaparecería.

*Fuente de la fotografía inicial:
http://caminoagaia.blogspot.com.es/

[1] Höderlin, Friedrich. Hyperion Ediciones Hiperión Sl, Madrid, 1976. Libro I, Capítulo XIV, pág. 26.

[2] El último jefe del conocido como Movimiento Nacional, estructura de partido que sustentaba ideológicamente a la dictadura personal del general Franco, y que previamente había dirigido al televisión del régimen.

[3] González viajó a EE.UU. en noviembre de 1977 y se entrevistó con Mondale y Brezinsky se en la casa Blanca. En 1977 el embajador de EEUU en España Wells Stabler le abrió las puertas del poder norteamericano a Felipe González, que en su viaje se entrevistó con el Vicepresidente Walter Mondale, el Secretario de Estado Cyrus Vance y otras autoridades e instituciones, participando en una conferencia en el CFR (Council on Foreign Relations), en una cena organizada por el Carnegie Endowment for International Peace y una entrevista personal con David Rockefeller. El periplo americano fue realmente satisfactorio, pues González recibió de diferentes instituciones americanas 12 millones de dólares para que comenzara a estructurarse el PSOE como opción política viable. Aquel mismo año, el líder del PCE Santiago Carrillo también viajó a los EE.UU. Tras llegar al poder el PSOE, en mayo de 1982, Miguel Boyer, Francisco Fernández Ordóñez y Guillermo de la Dehesa que eran los máximos representantes del equipo económico del primer gobierno socialista, realizaron un viaje a Nueva York para entrevistarse con varios dirigentes de la banca americana. En el curso de esa gira Miguel Boyer asistió a una cena convocada por el Metropolitan Club neoyorquino, durante la cual se dirigió a los presidentes y directores de los principales bancos comerciales estadounidenses, para transmitirles: “el mensaje del Gobierno español, que es un gobierno socialista, pero moderado y pragmático, en la línea de la tradición socialdemócrata fabiana”. En junio de 1983 Miguel Boyer viajó nuevamente a EEUU junto con Felipe González. En el curso de esa importante gira la delegación española se entrevistó con las más altas instancias politicas y económicas americanas, actuando David Rockefeller como introductor de González en la Century Association. Fuentes:
http://elpais.com/diario/1977/11/02/internacional/247273203_850215.html http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/04/actualidad/1425498817_405796.html

[4] Cálculo aproximado.

[5] Para la conversión de votos en escaños se optó por la Ley d´Hondt. Víctor D'Hondt fue un matemático belga que creó, a finales del XIX, un método científicamente casi perfecto para convertir de forma proporcional los votos en escaños. Esta fórmula rige en todas las elecciones españolas salvo en las del Senado. Es uno de los sistemas más extendido y se usa en países como Argentina, Austria, Bulgaria, Chile, Croacia, Finlandia, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Venezuela, Guatemala y para el Parlamento Europeo. Su funcionamiento se basa en las siguientes reglas:

1º No se tiene en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción;

2º Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas;

3º Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc. hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción;

4º Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores atendiendo a un orden decreciente;

5º Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido;

6º Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa;

7º Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación en que aparezcan.