El
régimen monárquico del 78, ha supuesto para España la adquisición y
consolidación de la hegemonía del capital financiero sobre el Estado,
habiéndose servido de los partidos políticos para alcanzar la posición de
dominio absoluto de la vida política y económica española, utilizando la deuda
para mantener el control de las organizaciones políticas del régimen. Con la
demolición controlada del franquismo, se sometió a los partidos políticos
españoles a un proceso de selección. Primero se legalizó a un grupo de partidos
previamente seleccionados, para que se pudieran presentar a las elecciones constituyentes
de 1977 y participasen en la redacción del nuevo texto constitucional,
adquiriendo estos una representación parlamentaria que les diera acceso a los
fondos públicos inyectados en los mismos por medio de subvenciones, que fueron
distribuidas en razón del número de votos y escaños parlamentarios obtenidos.
Cuando acto seguido se convocaron las elecciones generales de la primera
legislatura, los partidos seleccionados por el gobierno monárquico heredero del
régimen de Franco, se encontraban en una posición de ventaja respecto de los
grupos políticos cuya legalización había sido postergada por el gobierno a un
momento posterior a las elecciones constituyentes. Se cambió todo, para que no
cambiara nada.
Desde ese
momento, hubo dos clases de partidos: unos, los que gozaban de fondos públicos
y financiación bancaria; otros, los que se quedaron excluidos de los medios
económicos para competir con los anteriores, cayendo en la marginalidad
política. Así se conseguía garantizar el círculo vicioso de que sólo obtienen
financiación los que obtienen representación, y sólo obtienen ésta los que son
financiados. Y sin embargo, para los partidos del régimen del 78, la
financiación pública que recibían no fue suficiente, además fueron financiados
por las grandes entidades bancarias en forma de contratos y créditos,
generalmente condonados más tarde, sobre todo tras la privatización de los
bancos de titularidad pública, que tampoco bastaron para saciar su voracidad,
pues también obtuvieron fondos por medio de la corrupción estructural que el
acceso al poder político les facilitaba, en forma de comisiones a cambio del
otorgamiento de concesiones administrativas a las empresas privadas, realizadas
en contra o prescindiendo de la ley, y con las comisiones derivadas de la
explotación del suelo. También recibieron donaciones de particulares, en gran
medida, opacas para el Tribunal de Cuentas, que es el encargado teórico del
control de las cuentas partidarias. Decimos teórico, porque no siempre los
partidos depositan sus cuentas, y si lo hacen, no con exactitud ni de forma
completa y exhaustiva, como es el caso de Ciudadanos, representando, por
último, las cuotas de los afiliados, un porcentaje irrisorio sobre el total de
su presupuesto[1]
.
La
historia del régimen del 78 es así la historia del ascenso al poder absoluto
del capitalismo financiero, a través de la manipulación de los partidos
políticos, que han implementado las políticas más acordes con los intereses del
capitalismos: desindustrialización y deslocalización de las industrias,
explotación de la fuerza de trabajo a nivel planetario movilizada a través de
las grandes migraciones en curso, privatización de las industrias estratégicas,
reducción de los ingresos del Estado compensados con deuda pública y
enajenación de los recursos e inversiones estratégicas productivas y
redistributivas, debilitamiento de las organizaciones sindicales e
identitarias, desregulación de los movimientos de capital, concentración de los
medios de producción y financieros, control privado y concentración de los
medios de comunicación, reducción del gasto en servicios sociales, educativos y
sanitarios, desplazamiento de los capitales acumulados para pensiones del
ámbito privado al público. El objetivo del capitalismo financiero en España, al
igual que en el resto de los países desarrollados al comienzo de la ofensiva
neoliberal en los años 70, fue la acumulación de capital y la adquisición del
control absoluto del poder político. Para lograrlo, se redujo tanto la carga
tributaria del mismo como las tarifas tributarias a las rentas más elevadas, y
se procedió a cubrir el déficit fiscal que la reducción de los ingresos
produjo, con la emisión de deuda pública. De esta manera, el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF)[2] bajó
del 65,51% en 1977 al 56% en 1998, y al 43% en 2010; para las rentas superiores
a los 180.000 euros, el tipo impositivo efectivo se redujo del 49,37% en 1993
al 30,8% en 2008, y las rentas superiores a los 600.000 euros tributaron al
27,4%. Una evolución semejante tuvo el Impuesto de Sociedades (IS)[3] que
descendió del 19,5% en 1995, al 9,9% en 2010. A esta política sostenida durante
más de treinta años, le puso el broche de oro la amnistía fiscal del gobierno
de Rajoy con el Decreto de 30 de marzo de 2012 por el que se exoneraba a cambio
de una pequeña cantidad a los capitalistas defraudadores.
Al mismo
tiempo que se reducían los impuestos sobre las rentas de capital y las grandes
fortunas en todos los países de la OCDE, la deuda pública aumentaba de forma
exponencial. Según se publicaba en el diario El País:
Desde 1967 a 1987, la deuda pública en los países
de la OCDE pasó de representar un 35% del PIB a un 55%, en números redondos (en
el área euro la media es similar). Sin embargo, de 1987 a 2007, la deuda en la
OCDE salta hasta un 100% (en el área euro hasta un 85%). Estos porcentajes se
han disparado en 2008 y 2009 por causa de la crisis, lo que no permite hacer
comparaciones completamente rigurosas. (…) No obstante, conviene saber que en
solo un año (de 2008 a 2009) la deuda sobre el PIB en la Unión ha pasado del
61,6% al 73,6%, es decir, una variación de 12 puntos (!). En España aumentó
13,5 puntos. Lo que se desprende de los anteriores datos es que, en los últimos
20 años, los países desarrollados han ido sustituyendo, ante sus crecientes
necesidades de financiación, impuestos por deuda. O sea, dinero que no hay que
devolver, por dinero que engorda las obligaciones del Estado con los acreedores aumentando exponencialmente los gastos financieros del Estado.[4]
A lo que
habría que añadir, que también aumentaban los beneficios de las finanzas, y la
dependencia de los políticos y los partidos del régimen respecto de los
financieros, Una tendencia que se iba acentuando conforme iba pasando el
tiempo. Así, en el Tratado de Mastrique de 1992 la Unión Europea (UE) fijó el
límite de deuda pública en el 60% del Producto Nacional Bruto y el del déficit
presupuestario anual en el 3% del PIB, que en caso de rebasarse motivaría las
correspondientes sanciones por parte del Consejo Europeo. Este límite fue
nuevamente reafirmado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de
coordinación de las políticas fiscales dentro de la Unión Económica y Monetaria
(UEM) de 1997. Pero entre el año 2000 y el 2010, el límite de déficit no fue
respetado ni por Alemania ni por Francia, que lo sobrepasaron en catorce
ocasiones diferentes, frente a las cuatro que lo hizo España, sin que en ningún
caso se aplicara sanción alguna a ninguno de estos dos países, muy al contrario
de lo que le ha ocurrido a España a partir de julio de 2010, momento en el que
se le impuso una brutal política deflacionaria de devaluación interna, mientras
que los mismos que la imponían, EE.UU. y UE, eran quienes habían mantenido una
política expansiva del gasto, con un importante endeudamiento público en el
período 2007-2010, encaminado a nacionalizar las pérdidas de las grandes
entidades financieras y convertir la deuda privada en pública, y los fondos
públicos en privados.
Este
proceso de concentración de la riqueza, desarrollado tanto en Europa como en
EE.UU., y más concretamente en España, ha puesto a los Estados bajo el control
y la dependencia del capital financiero que maneja los hilos de la política y
de la economía. En primer lugar, desde el exterior con la especulación en los
mercados financieros con la deuda pública de los distintos países según sus
intereses; y desde el interior, con la financiación de los partidos y la
corrupción más o menos generalizada de los políticos. Pero la deuda pública se
ha convertido en un arma de doble filo para la banca en los países periféricos,
al exponer al riesgo de default de estos Estados más débiles.
El
Informe anual del Banco de Pagos Internacionales[5] de
junio de 2011, señalaba que la exposición de la banca internacional a la deuda
pública de los países mediterráneos, Portugal e Irlanda ascendía a la
elevadísima cifra de 2,5 ¡billones de dólares!, de los que correspondían en
orden ascendente 380.000 millones a Francia, 431.000 millones a Gran Bretaña y
569.000 a Alemania. No obstante el riesgo, el capital financiero se ha lucrado
con los intereses de las deudas públicas de forma fabulosa hasta que su
avaricia ha desencadenado el crack de 2008, momento en el que han trasladado el
riesgo al sector público, inyectando éste enormes cantidades de liquidez en
forma de créditos privilegiados y avales que han disparado el déficit público y
la deuda de los Estados.
En
España, los principales partidos políticos del régimen del 78, el PP, el PSOE y
los separatistas, han asumido que el Estado debía asumir las pérdidas de la
banca privada, incluyendo las derivadas de la especulación bancaria, pasando de
un superávit del 3 % en 2007, a un déficit del 8,5% en 2011, y de un desempleo
del 8% en 2007 a un paro registrado de 27,16% a mediados de 2013, disparando al
deuda pública, una de la más bajas de Europa en 2007, del 47,9% del PIB al
estallar la crisis, al 115,32% del PIB según el Banco de España en 2014. Esta
situación de debilidad de los Estados, ha sido aprovechada por el capital
financiero para especular nuevamente con la deuda, lo que ha desencadenado la
conocida 
“crisis de deuda soberana” en el período 2010-2014, que ha reportado a
Alemania en este espacio de tiempo más de 40.000 millones de ahorro en la
financiación de su propia deuda, al convertirse la misma en un valor refugio
para el capital. Una situación que ha puesto de manifiesto todos los defectos
de la arquitectura de la moneda única europea, y la ausencia de un poder
político detrás de dicha divisa, que dotado de instrumentos jurídicos y
políticos, pueda proteger los intereses de la ciudadanía frente a la
especulación del capitalismo financiero, que ausente de control y de límites a
su circulación, se desplaza de uno a otro mercado, de una a otra divisa y de
una a otra deuda, en volumen muy superior al que pueda disponer cualquiera de
los Estados europeos, dotando así a los capitalistas financieros de un poder
muy superior al de los políticos. Y cuando el riesgo de impago por parte de los
Estados alcanzó un nivel que permitía temer el final del euro, en el período
2010-2012, los bancos tenedores de la deuda soberana de los países periféricos
de Europa, solicitaron del Banco Central Europeo (BCE) que comprara la deuda
soberana en los mercados secundarios y asumiera el riesgo de un eventual impago
de los Estados, por lo que el BCE desde el año 2010 ha comprado deuda soberana
a la banca por importe de casi un billón de euros, y se propone comprar otro
1,19 billones hasta septiembre de 2016[6], pero
como contrapartida exigió a los Estados deudores la pérdida de soberanía
económica, hasta que el riesgo de impago desapareciera. El conocido “rescate”
de los Estados periféricos de la eurozona, en situación precaria tras haber
rescatado a sus respectivos sistemas bancarios.
“crisis de deuda soberana” en el período 2010-2014, que ha reportado a
Alemania en este espacio de tiempo más de 40.000 millones de ahorro en la
financiación de su propia deuda, al convertirse la misma en un valor refugio
para el capital. Una situación que ha puesto de manifiesto todos los defectos
de la arquitectura de la moneda única europea, y la ausencia de un poder
político detrás de dicha divisa, que dotado de instrumentos jurídicos y
políticos, pueda proteger los intereses de la ciudadanía frente a la
especulación del capitalismo financiero, que ausente de control y de límites a
su circulación, se desplaza de uno a otro mercado, de una a otra divisa y de
una a otra deuda, en volumen muy superior al que pueda disponer cualquiera de
los Estados europeos, dotando así a los capitalistas financieros de un poder
muy superior al de los políticos. Y cuando el riesgo de impago por parte de los
Estados alcanzó un nivel que permitía temer el final del euro, en el período
2010-2012, los bancos tenedores de la deuda soberana de los países periféricos
de Europa, solicitaron del Banco Central Europeo (BCE) que comprara la deuda
soberana en los mercados secundarios y asumiera el riesgo de un eventual impago
de los Estados, por lo que el BCE desde el año 2010 ha comprado deuda soberana
a la banca por importe de casi un billón de euros, y se propone comprar otro
1,19 billones hasta septiembre de 2016[6], pero
como contrapartida exigió a los Estados deudores la pérdida de soberanía
económica, hasta que el riesgo de impago desapareciera. El conocido “rescate”
de los Estados periféricos de la eurozona, en situación precaria tras haber
rescatado a sus respectivos sistemas bancarios.
Lo cierto
es que este desplazamiento de la soberanía económica de los Estados hacia el
BCE, supone la renuncia a la condición de nación independiente. El BCE es un
organismo que carece de todo tipo de control por parte del poder político de
los Estados europeos, y no responde por sus decisiones ante ningún organismo
representativo, salvo quizás, a los intereses del capital francés y alemán, por
lo que desde su creación viene actuando en razón de los intereses de los
grandes financieros privados. Y dicha realidad, se puso de manifiesto cuando se
desveló que el BCE enviaba instrucciones secretas a los gobiernos de Italia y
España a principios de agosto de 2011,[7]exigiendo
a cambio de la compra de deuda pública a los bancos privados en los mercados
secundarios, con el consentimiento de Francia y Alemania, que impusieron la
cesión de la soberanía presupuestaria y fiscal antes de la UE hiciera entrega
del dinero solicitado por España al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y
del BCE, dinero que se entregaría en la medida en la que se aplicase el
“programa de gobierno” formulado por el
presidente del BCE, Jean Claude Trichet, que ha sido cumplido íntegramente por
los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Todos hemos sufrido dicha política y sabemos
en lo que consiste: aumentar los contratos de trabajo precarios, reducir los
salarios y desvincularlos de la inflación, eliminar los convenios colectivos
pasando a los convenios de empresa, facilitar el despido de trabajadores y, por
último, una reforma constitucional que consagre el pago de la deuda, pasando
por encima de la soberanía nacional. Así es como España dejó de ser soberana.
[1] Por si el impedimento económico no fuera suficiente, el sistema electoral favorece A los partidos mayoritarios, introduciendo elementos de corrección en la distribución de los votos obtenidos, atribuyendo diferente valor al voto del ciudadano, en razón del lugar en el que este es emitido.
[2]www.sagara1977.wordpress.com/2012/01/07/historia-de-la-progresividad-del-irpf/
[3]www.actibva.com/magazine/economia/25-anos-de-subidas-y-bajadas-de-impuestos-en-espana-infografia
[4www.elpais.com/diario/2010/08/04/opinion/1280872804_850215.html
[5] www.bis.org/publ/arpdf/ar2011_es.pdf
[6]www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/draghi-inyecta-5.300-millones-en-la-economia-espanola-el-primer-dia-de-qe-67640.php
[7] www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2014-12-19/las-cartas-de-2011-al-descubierto-el-bce-pedia-reformas-zapatero-compras-de-deuda_598616/
[3]www.actibva.com/magazine/economia/25-anos-de-subidas-y-bajadas-de-impuestos-en-espana-infografia
[4www.elpais.com/diario/2010/08/04/opinion/1280872804_850215.html
[5] www.bis.org/publ/arpdf/ar2011_es.pdf
[6]www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/draghi-inyecta-5.300-millones-en-la-economia-espanola-el-primer-dia-de-qe-67640.php
[7] www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2014-12-19/las-cartas-de-2011-al-descubierto-el-bce-pedia-reformas-zapatero-compras-de-deuda_598616/
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